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Honduras en debate económico tras propuesta de Rixi Moncada de suprimir la Central de Riesgos

Honduras en debate económico tras propuesta de Rixi Moncada de suprimir la Central de Riesgos

La aspirante a la presidencia de LIBRE, Rixi Moncada, comunicó que si asume el cargo, promoverá la eliminación de la Central de Riesgos comenzando el 27 de enero de 2026. Esta iniciativa, planteada como una forma de incrementar el acceso al crédito y «democratizar la economía», ha generado un intenso debate político y económico en Honduras, ya que enfrenta opiniones divergentes sobre la viabilidad de las entidades financieras y el efecto en las personas endeudadas.

Una aproximación innovadora en el sector financiero

Moncada afirma que más de dos millones de personas en Honduras están inscritas en la Central de Riesgos y son considerados como «criminales», lo que, según ella, les excluye de posibilidades económicas y de obtener créditos formales. Su propuesta busca restringir lo que califica como monopolios que funcionan con altas tasas de interés en detrimento de pequeños productores y emprendedores.

El plan se desarrolla en una historia de confrontación con grupos empresariales y financieros, donde la aspirante de LIBRE intenta posicionarse como opción ante sistemas que percibe como limitadores. Para sus seguidores, la iniciativa significa un recurso de ayuda para familias y empleados agobiados por deudas que no pueden pagar, y a quienes la Central de Riesgos mantiene al margen del sistema crediticio oficial.

Reacciones y advertencias de sectores económicos

Desde el sector técnico, las advertencias surgieron rápidamente. El antiguo presidente de la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS), José Luis Moncada, describió la propuesta como “insensata” y señaló que involucrar la política en el sistema financiero significa “poner en riesgo los recursos de los hondureños”.

Economistas consultados en medios nacionales han señalado que la eliminación de la Central de Riesgos, sin un modelo alternativo que preserve la confianza de los inversionistas y bancos, podría derivar en un encarecimiento del crédito, una reducción de la oferta de préstamos y el debilitamiento de la inversión privada.

La medida, sostienen los críticos, tendría repercusiones inmediatas en la estabilidad del sistema financiero, al despojar a las instituciones bancarias de un mecanismo central para evaluar la solvencia de los solicitantes de crédito. En este escenario, los riesgos de impago podrían trasladarse a toda la economía, afectando tanto a consumidores como a empresas.

División política y conflictos en la sociedad

La propuesta ha sido recibida con entusiasmo por sectores que ven en la Central de Riesgos un obstáculo para la inclusión económica. Para amplias franjas de la población, la promesa de Rixi Moncada simboliza una posible justicia económica frente a décadas de prácticas financieras que perciben como restrictivas y excluyentes.

Por otro lado, críticos y analistas piensan que es una maniobra con un fuerte carácter populista, creada para obtener respaldo electoral de manera inmediata, aunque con el riesgo de desestabilizar la estabilidad económica del país a futuro. El debate no solo abarca temas financieros, sino también la habilidad de las instituciones para asegurar normas claras y concretas en un clima político ya caracterizado por el conflicto y la falta de confianza.

Una discusión abierta sobre la gestión económica

El comunicado de Rixi Moncada ha destacado uno de los asuntos más delicados para el siguiente gobierno: la manera de balancear el acceso al crédito con la necesidad de preservar un sistema financiero operativo y confiable. Esta medida, si se lleva a cabo, afectará no solo las finanzas personales de muchos hondureños, sino también la interacción del Estado con las compañías privadas y la percepción global sobre la seriedad de las políticas económicas de Honduras.

El futuro de la Central de Riesgos se ha convertido así en un símbolo del dilema entre justicia social y estabilidad institucional. Entre las promesas de democratizar la economía y las advertencias de un deterioro en la confianza financiera, el país enfrenta una discusión que definirá el rumbo de su gobernabilidad y su capacidad de atraer inversión en los próximos años.

By Otilia Adame Luevano

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