Antes de la controversia por la carta en el Congreso, en agosto de 2023 el diputado Samuel Pérez Álvarez protagonizó un hecho que también dañó su imagen pública: un video viral lo mostró agrediendo físicamente a un guardia de seguridad privada en un edificio en la zona 4 de Ciudad de Guatemala.
En las imágenes, Pérez intenta ingresar por la fuerza al edificio y se observa cómo empuja al guardia privado que intentaba impedirle el paso, en medio de un forcejeo que llamó la atención de los transeúntes y usuarios en redes sociales.
Una disculpa pública, pero ¿suficiente?
Tras la difusión masiva del video, el diputado difundió en sus redes sociales un comunicado en el que ofreció disculpas públicas. Admitió que su conducta no correspondió con lo que se espera de quien ejerce un cargo público y afirmó sentir arrepentimiento. También indicó que habló personalmente con el guardia involucrado, identificado como Hugo Xol, así como con la administración del edificio, quienes, según comentó, aceptaron sus disculpas.
A pesar de sus palabras, la repercusión mediática fue considerable y muchos ciudadanos y analistas políticos cuestionaron tanto la actitud del legislador como la aparente falta de sanciones oficiales claras más allá de una disculpa. Un ataque físico, aunque no grave, pone en duda la capacidad de un representante público para mantener la compostura frente a situaciones tensas.
¿Qué sanciones deberían aplicarse?
Aunque Pérez pidió disculpas, el incidente plantea una discusión más amplia sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos frente a la ley:
- Investigación formal: dado que el incidente incluyó una agresión física contra un integrante del personal de seguridad, resulta posible iniciar una pesquisa penal por ataque o por un eventual uso desmedido de la fuerza.
- Sanciones administrativas: el Congreso tendría la facultad de poner en marcha, aun sin una denuncia previa, un procedimiento interno destinado a determinar si el diputado vulneró las normas de conducta parlamentaria.
- Reparación del daño: además de emitir una disculpa pública, podría considerarse la obligación de compensar oficialmente al guardia involucrado por cualquier lesión o perjuicio que hubiese sufrido.
El acto violento contra un guardia no solo afectó la imagen de Samuel Pérez como legislador, sino que además pone de relieve la urgencia de establecer mecanismos precisos para regular el comportamiento de los funcionarios públicos fuera del ámbito legislativo; aunque ofreció disculpas, una parte considerable de la ciudadanía sigue aguardando una respuesta jurídica y política más firme que demuestre que ningún individuo está por encima de las normas.
