En Guatemala, las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS-13) han ampliado su dominio sobre extensas áreas urbanas, instaurando un ambiente de intimidación y cobro de extorsiones que golpea a millones de habitantes, y desde sectores como la Zona 18 en Ciudad de Guatemala hasta Villa Nueva, estas estructuras delictivas han fortalecido su influencia mediante redes jerarquizadas, tácticas brutales y operaciones coordinadas incluso desde centros penitenciarios.
Una de las prácticas más extendidas es la extorsión, conocida como «renta», que impacta tanto a negocios pequeños como a grandes empresas. Comerciantes como Alicia, una tendera en Villa Nueva, relatan cómo son obligados a pagar cuotas regulares bajo amenazas de violencia. Este fenómeno, que representa uno de los mayores ingresos para las maras, afecta profundamente la economía local, con más de 16,000 casos denunciados solo en 2024 y un aumento proyectado para 2025.
Las cárceles, lejos de frenar la actividad delictiva, se han convertido en centros operativos. Según investigaciones, entre el 80 % y el 90 % de las extorsiones son coordinadas desde prisión, facilitadas por la corrupción interna que permite el acceso a teléfonos celulares y otros medios de comunicación. Esta dinámica perpetúa el poder de las clicas que dirigen las operaciones cotidianas de los pandilleros.
El reclutamiento de menores constituye otro eje esencial en el modo de operar de las pandillas, donde niños y adolescentes, muchos de ellos expuestos a condiciones de vulnerabilidad, son atraídos desde muy temprana edad para ejecutar tareas que van desde extorsiones hasta homicidios, un mecanismo que fortalece la continuidad generacional de estos grupos y mantiene su presencia como actores centrales del crimen organizado en Guatemala.
Aunque el gobierno de Bernardo Arévalo ha tomado medidas como declarar a las maras «organizaciones terroristas» y endurecer las penas por extorsión, los resultados han sido limitados. La reciente aprobación de la construcción de una prisión modelo para líderes pandilleros busca replicar aspectos del controvertido «modelo Bukele» de El Salvador, aunque las diferencias entre ambos países presentan retos específicos para la implementación de estas estrategias.
A pesar de los intentos por frenar el avance de las maras, su presencia continúa siendo profunda y alcanza desde zonas populares hasta áreas clave como el transporte público, donde estas pandillas no solo ponen en riesgo la seguridad de la población, sino que además generan un impacto económico considerable en una sociedad atravesada por la desigualdad y la escasez de oportunidades.
Procedencia: BBC News Mundo (vía [https://www.bbc.com/mundo/articles/clykze9wy64o])
